miércoles, 6 de octubre de 2010

Maltrato Infantil



Por: María Fernanda Gómez Lissarrague.

97 niños muertos en circunstancias violentas, 38,554 denuncias por maltrato infantil, segundo lugar en maltrato infantil en Latinoamérica.  Yo les pregunto 

¿Dónde queda el futuro de México?
 “Un hombre teme que Peter Pan vuelva y descubra que la niñez humana se desfiguró y que la inocencia infantil se esfumó entre el humo de la droga y el dolor del trabajo. Para millones de pequeños en el mundo, lo que debería ser la etapa más feliz de la vida se está convirtiendo en un calvario del cual algunos no salen jamás”(1)

La promesa realizada por Felipe Calderón  en el 2006, se ha vuelto una tortura para la sociedad mexicana.  Muchos dicen que es simplemente un proceso, que resultaba necesario entrar en una guerra para acabar con el narcotráfico y con la inseguridad.  Sin embargo dicha guerra se ha vuelto una masacre de inocentes  y peor aún de niños.  Es por esto que el pueblo exige justicia y una total consideración de lo que dicta nuestra constitución.  No obstante con todo y la existencia de primer título y sus 29 artículos, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES pueden ser consideradas un problema o más bien una crítica hacia el individualismo, ya que al momento de que se corrompe una garantía el estado mexicano protege solamente a la persona, sin realizar ningún cambio que beneficie a la colectividad.   Y si indagamos un poco más nos podemos dar cuenta que México no llega a una estabilidad en la seguridad porque no actúa como sociedad, sino que solo vela por aquellos tantos que llegan a generar denuncias gracias a sus recursos y la posibilidades económicas.  


El destino de México es generar soluciones viables para la estabilidad social, sobre todo para tener la certeza de que el futuro de un país tan rico como México tiene la esperanza de un buen desarrollo.


Fue este lunes 27 de Septiembre de 2010, que el Senado Mexicano solicitó al ejecutivo de la federación entregar un informe sobre el posible plan de acción para evitar la constante violación de los derechos de los niños, más en una etapa donde el crimen organizado se vive sin posibilidad de un fin.  El 24 de septiembre el senado aprobó el acuerdo en donde se le solicita al ejecutivo generar un blindaje especial para los niños.  Dicho acuerdo establece que las autoridades de seguridad pública deben adecuarse a los principios internacionales y  constitucionales como la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño, última publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1991. 

La Convención de los Derechos del Niño está obligada a proteger la infancia en cualquier situación, por el hecho de ser Ley Suprema de la Nación, como se establece en el artículo 133° de la constitución.  Tal fue el caso en el 2006 de tres niños muertos en un retén militar.

La CDN, en su artículo 38, punto cuatro establece que “… de conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”” (2)

 Es por esto que el acuerdo destaca la protección a la vida, integridad y libertad de la niñez y adolescencia.  Y ante todo una responsabilidad para la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal, establecida también por el artículo 21 de nuestra Constitución, en el capítulo dogmático de las garantías individuales.
Esperemos que el gobierno no deje sus palabras en el acuerdo, sino que tales negociaciones sean provocadoras de importantes acciones, mismas que impidan la muerte de miles de niños inocentes. 
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Bibliografía:
(2)México: Red de los Derechos de la infancia en México.  Niños muertos en un retén militar. 27 de Mayo de 2006.  2 de Octubre de 2010.  Disponible en: http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/accion05_06_07.pdf
Michel, Elena.  Exhortan a “blindar a la niñez mexicana”.  EL UNIVERSAL.  27 de Septiembre de 2010.  2 de Octubre de 2010.  Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/180767.html



lunes, 4 de octubre de 2010

A un Año del Michoacanazo


A un Año del Michoacanazo



Alex y Julkee


Desde que se emprendió lo que los medios han denominado la “Guerra contra el Narco” en diciembre del 2006 por ordenes del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, demasiadas cosas hay cambiando en nuestro país.  Uno de estos cambios es la supuesta limpieza de servidores públicos relacionados con el narcotráfico, en distintas esferas del gobierno.

Una de estas limpiezas fue la que se llevo acabo el 26 de mayo de 2009 por parte del gobierno federal, a la cual los medios nombraron “El Michoacanazo”. De forma sintetizada, se trato de un operativo sorpresa, del cual no tenía conocimiento el gobierno de este estado, en el que se procesaron legalmente servidores públicos del estado de Michoacan; los cuales eran sospechosos de tener nexos con el crimen organizado. En específico con el cartel La Familia.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, inmediatamente fue blanco de acusaciones y juicios por parte de distintos medios de comunicación y políticos alrededor del país; en el que se le señalaba como cómplice del narcotráfico. Pero Leonel Godoy, constantemente enfatizó públicamente que este operativo carecía de pruebas contudentes; el único propósito del gobierno federal era desprestigiar el gobierno de Godoy y al partido que representa (PRD) por objetivos electorales.

A partir de este hecho, colaboradores políticos cercanos a Godoy estuvieron bajo sospecha de la Procuraduría General de la República. Después de casi un año de haber sido detenidos 30 servidores públicos en el Michoacanazo, solo permanecen 8 detenidos debido a que los otros ya han sido liberados. Pero esto no significa que la PGR o el gobierno federal ya haya olvidado el asunto. Ya que desde el 2009 hasta el 2010, el ahora diputado federal perredista Julio César Godoy Toscano; fue acusado por la PGR de supuestos nexos con el narcotráfico.

Después de haber ganado las elecciones estatales del 2009, Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán; también fue acusado de complicidad con el crimen organizado.  Es por ello que hasta septiembre de 2010, pudo rendir protesta en la Cámara de San Lázaro para empezar sus funciones como diputado federal.

Es una pena que en la Cámara de Diputados haya permitido que  Godoy Toscano rindiera protesta pues todo señala que los nexos con el crimen organizado es inminente. El fuero que recibe por ser funcionario público lo protege más que a cualquier mexicano.

Lo que en realidad debe de ser cuestionado es el fuero que se le entregó, pues no es posible que se proteja a funcionarios no importando si han cometido o cometerán delitos. Se debe de analizar el fuero y acotarlo solamente hacia elementos específicamente de su trabajo y no hacerlos “intocables” ante la ley.

Al gobernador del Estado de Michoacán le ha llovido por varios lados; por el de la Familia Michoacana, el del michoacanazo y ahora con su medio hermano que se ve envuelto en la serie de situaciones que lo señalan como inmiscuido con el crimen organizado.

Todos los procesos que ahora enfrenta el Estado de Michoacán tienen tintes políticos pues cuando hay procesos electorales, salen a la luz pública fallas o cuestiones ilícitas que desacreditan al partido en el poder y dan lugar a una serie de cuestionamientos sobre quién está manejando al país y quiénes son en realidad nuestros dirigentes.

Lo que ahora nos toca a todos los mexicanos es cuestionarnos más, ser más críticos y exigirles a nuestros dirigentes, que nosotros elegimos por medio del voto, que sean honestos y ayuden a un verdadero crecimiento de la nación mexicana. Esperemos que se ejerza justicia para los funcionarios corruptos y que ya se dediquen a trabajar por un México mejor.



domingo, 3 de octubre de 2010

Video Niños Asesinados POR el Ejército

Un Grito de Ayuda

Un grito de ayuda
Por: Lahaina Rentería y Paloma Ramírez


El periódico más importante de Ciudad Juárez Chihuahua, “El Diario de Juárez” publico el pasado 19 de septiembre un editorial que sacudió a la opinión pública de distintos medios de comunicación en México, tras el asesinato de dos de sus periodistas victimas del crimen organizado.

El editorial considerado ya como “Inédito”, acusa de manera indirecta al gobierno y a las autoridades de incompetentes. En un principio, cabe destacar que el texto va dirigido directamente a los grupos criminales con su titular “¿Qué quieren de nosotros?” Pero implícitamente el destinatario final de este editorial es el gobierno.

Considerado por distintos periódicos de renombre como “El Universal”; esta publicación es  un “Grito de ayuda”, el Diario de Juárez; un editorial inteligente, dijo el periódico digital “Encuentro29.com”, así mismo mencionado en diversos noticieros de la televisión mundial.

Distintas organizaciones internacionales como la “Sociedad Interamericana de Prensa”, “Reporteros sin Fronteras” y el “Comité para la Protección de los Periodistas”, han condenado el asesinato y manifestado su solidaridad con el periódico.

El editorial hace referencia a la perdida de los dos reporteros de 21 y 22 años de edad, señalando que es el único medio de esta ciudad que ha sufrido el asesinato de dos periodistas, en el comunicado pide a los grupos criminales “La autoridad de facto en esta ciudad” que se les explique qué tipo de información desean sea manejada, pues ya no quieren más muertos.

"Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar".

Un segundo editorial es publicado dos días después, titulado “¿A quién pedir justicia?”, notoriamente este segundo es respuesta a la pregunta incluida en el primer editorial. Ante la ausencia de justicia o algún tipo de acción por parte del gobierno federal.

El que un periódico de la estatura de “El Diario” tenga que hacer su petición a “las autoridades de facto” debe preocuparnos. Cuando un gobierno pierde el monopolio del uso de la fuerza, pierde también su autoridad. Los gobernados quedan indefensos. El derecho es reemplazado por la ley del más fuerte.